¿Qué gastos me pueden devolver después de la última Sentencia del Tribunal Supremo?

¿Qué gastos me pueden devolver después de la última Sentencia del Tribunal Supremo?

La Sala Primera, de lo Civil, de nuestro Tribunal Supremo, ha venido a esclarecer mediante sus Sentencias de 15 de marzo de 2018 y de 23 de enero de 2019, las dudas vertidas después de la multitud de interpretación obtenidas en su doctrina anterior (en particular la de la sentencia de 15-3-2018).

Nuestro alto tribunal reitera que la cláusula que atribuye todos los gastos al prestatario debe ser considerada abusiva. Y además concreta, que la entidad bancaria debe restituir la situación que se hubiera producido de no mediar dicha cláusula, acorde a la Directiva Europea 93/13 y la Sentencia del TJUE de 31 de mayo de C-483/2016, con la obligación de restituir dichos gastos con el interés legal del dinero.

Pero, ¿que gastos puede reclamar el consumidor prestatario?

El TS (siguiendo las STS de 15-3-2018) interpreta que el art. 6.1 de la Directiva 93/13 declara el restablecimiento de la situación de hecho y de derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula. Por ello, los tribunales deben entrar en el examen de a quién corresponden los gastos a falta de pacto, dado que eso es lo que determinará qué gastos se deben restituir. Para ello hay que examinar las reglas legales vigentes en el momento de contratar:

  1. En cuanto al Impuesto de AJD, reitera la doctrina de las sentencias 147/2018 y 148/2018, de 15 de marzo: el sujeto pasivo por la cuota variable es el deudor y el timbre se distribuye igual que los gastos notariales (en los que en la práctica está incluido). En consecuencia, no cabe restitución por este concepto.
  2. En cuanto a los gastos notariales, señala que existe un único concepto por préstamo hipotecario, sin que se distinga entre préstamo e hipoteca. El arancel notarial atribuye la obligación a quién “hubieren requerido la  prestación … y, en su caso, a los interesados”, y el TS entiende que “la intervención notarial interesa a ambas partes”: al prestamista por concederle un título ejecutivo e inscribible y al prestatario por obtener tipos más bajos. Por ello, atribuye los gastos de matriz por mitad.  Lo mismo se aplicará a la modificación del préstamo hipotecario, puesto que ambas partes están interesadas en la modificación o novación. En la escritura de cancelación de la hipoteca, por el contrario, “el interesado en la liberación del gravamen es el prestatario, por lo que le corresponde este gasto.” Respecto de las copias, del propio arancel (y también de la STS 15-3-2018) resulta que corresponden al que las solicite, y por tanto al prestamista.
  3. Respecto de los gastos registrales, el arancel no habla de interesados sino que obliga a “aquél o aquéllos a cuyo favor se inscriba” por lo que corresponden por entero al banco, mientras que en la cancelación “ésta libera el gravamen y, por tanto, se inscribe en favor del prestatario, por lo que le corresponde este gasto”.
  4. Por último, en cuanto a los gastos de gestoría. Ante la falta de una norma que los regule, el TS entiende que los debe pagar aquel a quién se presta el servicio y entendiendo que “las gestiones se realizan en interés o beneficio de ambas partes, el gasto generado por este concepto deberá ser sufragado por mitad”. Esta conclusión es discutible que se aplique a las hipotecas posteriores a 10-11-2018, en las que el Impuesto de AJD corresponde al prestamista.

¿Existe algún plazo de prescripción?

La Sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona, en su sentencia de 23 de enero de 2019, siguiendo el mismo criterio que ya fijó en su sentencia de 25 de julio de 2018; la Sección 9 de la Audiencia Provincial de Valencia, en su sentencia de 1 de febrero de 2018; y la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de La Coruña, en su sentencia de noviembre de 2017, resuelven que el carácter abusivo de la cláusula que desplaza al consumidor todos los gastos de la escritura puede esgrimirse en todo momento, tanto mediante el ejercicio de la acción declarativa de nulidad, que es imprescriptible, como oponiéndose a cualquier pretensión con fundamento en la cláusula nula, pero cuando el consumidor ha abonado alguna cantidad y la cláusula ha desplegado y agotado sus efectos, por razones de seguridad jurídica, la acción de remoción de los efectos de la nulidad se extingue por el transcurso del tiempo.

Esta extinción por el transcurso del tiempo es el denominado plazo de prescripción, siendo para estos casos el establecido en el Código Civil de 15 años desde que se otorgó el préstamo hipotecario, no obstante, éste plazo pasará a 5 años, por aplicación de la reforma de la Ley 42/2015, que modifica el artículo 1964 del Código Civil, con el período transitorio previsto en el artículo 1939, para los préstamos contratados a partir de 2020.

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